La expresidenta del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, ha admitido este lunes por primera vez ante un tribunal haber cometido dos delitos y se ha conformado con la pena de prisión solicitada para ella por la Fiscalía de 9 meses de cárcel, sustituible por una multa de 10.800 euros.
Munar ha admitido haber cometido malversación y prevaricación en su comparecencia como acusada ante la sección segunda de la Audiencia de Palma, junto a otros miembros de la cúpula de la extinta UM, en el juicio de la pieza número 13 del llamado caso Voltor, por el presunto desvío de 200.000 euros de fondos públicos al partido para las elecciones autonómicas de 2007.
Si bien inicialmente la Fiscalía pedía penas que sumaban 95 años de prisión y multas de 198.000 euros para 18 acusados, por presunta asociación ilícita y otros tres delitos, en el juicio ha modificado las acusaciones a los delitos de prevaricación y malversación y ha retirado la acusación a siete de ellos, cuya relación con los hechos no está demostrada, entre los que se encuentran los exconselleres Catalina Julve y Mateu Cañellas y el ex director general Antonio Moragues.
La expresidenta ha llegado a la Audiencia de Palma conducida desde la prisión, donde cumple condena por otras dos causas de corrupción. También han llegado desde la cárcel el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal; y el exconseller de Turismo Francesc Buils.
En esta causa, el Ministerio Público cree que Munar, Nadal, Buils, el exconseller de Presidencia Miquel Àngel Flaquer y otros cargos insulares se pusieron de acuerdo para obtener beneficios económicos para su partido y contrataron a trabajadores en el Consorcio de Informática Local (Cilma) que en realidad trabajaban para UM.
Munar, Nadal, Buils y Flaquer hicieron posibles las decisiones administrativas que sirvieron de «pantalla» para enmascarar el desvío de fondos públicos.
El procedimiento era «enchufar y camuflar» a los trabajadores en proyectos públicos de dicho consorcio, cuando en realidad trabajaban para UM, algo que además significaba un beneficio particular para los ex altos cargos del Consell porque «crecía su poder e influencia entre los militantes», según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Si bien la Fiscalía había calculado inicialmente el perjuicio causado en unos 436.000 euros, finalmente se ha estimado que la cuantía de fondos públicos desviada es de 200.000 euros que los once acusados han aportado íntegramente ante el Juzgado de forma solidaria como reparación del daño causado.
Ante la admisión de los hechos por parte de los acusados y la reparación del daño con la aportación de los 200.000 euros, la Fiscalía ha modificado a la baja las peticiones de condena.
En el caso de Munar, la expresidenta del Consell y del Parlament ha admitido la pena solicitada para ella de 9 meses de prisión sustituibles por multa de 18 meses a 20 euros diarios de cuota y 5 años de inhabilitación especial para cargo insular.
«Sí, señor», ha respondido Munar al presidente del tribunal cuando le ha preguntado si conocía las acusaciones por prevaricación y malversación formuladas contra ella y si admitía la pena solicitada y se mostraba conforme.
Munar, que cumple prisión por condenas en los casos Can Domenge y Maquillaje, está procesada en otras causas como son el presunto soborno del llamado caso Can Domenge, que está pendiente de juicio, el caso Son Oms y el denominado caso Minser que está en fase de instrucción.
Buils ha admitido también 9 meses de cárcel, sustituibles por 18 meses de multa con una cuota de 10 euros (5.400 euros); Flaquer la misma pena sustituible por 18 meses de multa a 12 euros diarios (6.480 euros) y Nadal idéntica pena que Flaquer. Los tres han admitido además 5 años de inhabilitación.
Las secretarias de la Vicepresidencia del Consell Eugenia Cañellas y Antònia Vidal han admitido 7 meses y 8 meses de prisión, sustituibles por 14 meses de multa 11 euros (4.620 euros) y 16 meses multa con cuota de 8 euros (3.840 euros), respectivamente.
El gerente de Cilma Eugenio Losada se ha conformado con 7 meses de cárcel, reemplazables por 14 meses de multa con 9 euros diarios de cuota (3.780); la ex responsable insular de Emergencias, María José Rodríguez ha admitido 9 meses, que se sustituirán por 18 meses de multa a 7 euros (3.780).
El exdirector insular Josep Lliteres también se ha conformado con la petición de 9 meses de prisión, sustituibles por multa de 18 meses de multa de 10 euros (5.400 euros); la ex secretaria de Presidencia, Maria Esperanza Massanet con 7 meses de cárcel a sustituir por 14 meses de multa de 9 euros (3.780).
La exsecretaria de Cooperación Local, Coloma Castañer ha admitido 7 meses de prisión por malversación, que se reemplazarán por 14 meses de multa de 7 euros (2.940 euros).
En su ordenador la policía encontró numerosas pruebas de los supuestos amaños en las adjudicaciones públicas.
En el último informe elevado al juzgado de instrucción número 4 sobre el caso Teatro (el presunto amaño del diseño y la construcción del Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas, el proyecto estrella de Juan Soler), la Udyco analiza algunas facturas cargadas por uno de los investigados (imputado) en el caso, Rudy Lamas Gesto, que ha sido citado a declarar. Lamas fue fichado por Soler como "consejero adjunto" de Urbanismo, es decir, como asesor en la concejalía. Antes había sido edil socialista en un pueblo de Galicia y finalista del concurso de belleza Pelo Pantene 2008. El caso se inició gracias a la detallada denuncia de un vecino del municipio, Roberto Benítez, que además es editor de un medio local, ElBercial.com.
A los agentes les llamó la atención que Rudy Lamas cargara a una empresa pública, GISA, el pago de una factura de un coche de alquiler. "Esta factura resulta llamativa, en primer lugar porque el alquiler se produce un viernes, por un total de 11 horas y para recorrer 544 kilómetros, lo cual hace bastante difícil justificar que fue para una labor competente del ayuntamiento o de GISA, sobre todo si tenemos en cuenta que el área de Urbanismo contaba con dos vehículos adscritos, estando Rudy Lamas autorizado a su utilización".
"También resulta llamativa porque Rudy Lamas se encuentra contratado como consejero adjunto de la Concejalía de Urbanismo, sin ninguna vinculación 'a priori' con la empresa municipal GISA, que como hemos visto tiene la consideración de 'medio propio', lo que hace aún más difícil explicar su abono en esos términos", prosiguen los agentes en su relato. La Udyco solicitó al ayuntamiento, ahora dirigido por el PSOE, la factura número 00001118, emitida el 10 de octubre de 2012, pero el consistorio no la ha encontrado. Los agentes sí tienen en su poder un correo electrónico que el propio Rudy envió a una de las funcionarias de GISA. "Estos son los datos de facturación. El pago sería por transferencia bancaria. Acuérdate de modificar la tarifa a la que corresponda", señala en el 'mail'.
La factura asciende a 162,7 euros. Y la empresa que facilitó el coche, un Volvo C30, con cargo a la empresa pública GISA, fue Gestión Móvil Madrid. Según el registro mercantil, esta compañía dedicada al "alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros" fue constituida en junio de 2010 y actualmente está cerrada. Cuando se creó, la empresa tenía seis accionistas. El principal, con el 29,12% de las acciones, era Ramón Manuel Rato Salazar-Simpson, sobrino de Rodrigo Rato.
"Esta factura irregular y su posterior cargo a una empresa municipal no es un caso aislado en la concejalía", señala la Udyco. Los agentes relacionan a Rudy Lamas con otra factura que este envió por correo en octubre de 2012 al entonces director de Promoción de la Empresa Municipal de Suelo y la Vivienda de Getafe, José Antonio Saéz Jiménez (que luego sería destituido por Soler tras ser imputado en el caso Gürtel), para que se la abonara a una concejala, Paz Álvarez.
"Lo llamativo de esta factura es que, tras recibir Rudy Lamas la misma [factura de una comida en el hotel Ada Palace], en la cual constaban dos comensales, este solicita a través de correo electrónico que sea modificada, duplicando el número de comensales, accediendo el restaurante a esa modificación irregular enviando una nueva factura, siendo presentada de esta manera una factura falsificada. De este hecho se infiere que quizá sería difícil justificar una comida 'oficial' de interés para la empresa municipal de Getafe celebrada en el centro de Madrid entre dos comensales por un importe de 141,5 euros", concluyen los agentes.
El juez del caso Teatro, que investiga la adjudicación del contrato para construir el teatro Madrid en Getafe cuando Juan Soler era alcalde, ha imputado a nuevas personas en el caso, entre ellas a Miguel Garzón, recientemente fichado como asesor por Cristina Cifuentes. Garzón forma parte del gabinete de la presidenta desde el pasado dos de enero.
Según la policía, Garzón conoció y participó en el amaño de contratos y trato de favor a empresas cuando trabajaba como asesor del Ayuntamiento, primero, y jefe de gabinete, después, del entonces alcalde Juan Soler. Ahora, el juez le ha citado a declarar como imputado.
A lo largo de la investigación, los agentes encontraron varios correos en los que, supuestamente, Garzón comentaba los compromisos que tenía el ayuntamiento con determinadas empresas contratistas. Se trataría de compromisos por los que esas empresas ayudaban a amañar contratos públicos.
El juez llama a declarar a Miguel Garzón junto a otra ex concejal del PP en Getafe, que ahora está en la oposición.
La Fiscalía acusa a Gil Madrigal de "contratar a José María Barahona Moreno a sabiendas de no reunir los requisitos necesarios para desempeñar el cargo". El 'enchufado' es hijo de un exsenador, compañero de Soler, y ex alto cargo en la Consejería de Sanidad con Esperanza Aguirre.
Durante la etapa de Juan Soler, ahora diputado de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid y senador nacional del PP por designación autonómica, como alcalde de Getafe, Sáenz Jimenez fue director de Promoción de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), cargo que abandonó en 2013 cuando el juez Ruz le imputó en el caso Gürtel por haber presuntamente financiado a una empresa de la trama mientras era concejal de Pozuelo de Alarcón, también por el PP.
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